lunes, 31 de diciembre de 2012

El colapso económico español (6). ¿Rescatar al país?


Ante la imposibilidad del Estado para atajar el déficit, la Unión Europea nos obliga a tomar medidas cada vez más dramáticas y desacertadas. ¿Cuándo y dónde acabará esta pesadilla?

España se encuentra al borde del precipicio. Día tras día, nuestra situación se complica a causa de la presión de “los mercados”, auspiciados por la Unión Europea. La negativa del BCE a facilitar préstamos en condiciones favorables a los Estados, en lugar de a los bancos como ocurre actualmente, nos coloca en la difícil tesitura de aceptar una quiebra artificial provocada por los inversores o recibir un rescate en condiciones leoninas. La prima de riesgo ha llegado a duplicarse desde que Rajoy asumió como presidente, a pesar de que desde su partido se llegó a acusar al expresidente Zapatero de ser el culpable de que esta no bajara. “La prima de riesgo en nuestro país se llama José Luis Rodríguez Zapatero”, afirmó la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. 

Lo cierto es que los mercados financieros ya no se contentan con aumentar las ganancias a nuestra costa, sino que han decidido hundirnos definitivamente. Los problemas del Estado y las autonomías para financiarse en “los mercados” o, mejor dicho, la especulación de estos para hacer subir los intereses de los préstamos, están conduciendo lentamente a España al rescate completo. Se trata de una opción disparatada, que haría tambalearse la unión monetaria europea, pero que cuenta con bastantes posibilidades. De hecho, en el gobierno ya empiezan a asumir que “todo está dictado y no hay otra solución”, según publica Libertad Digital

Presionado por Europa, el ejecutivo impuso a las Comunidades Autónomas un objetivo de déficit del 1.5%, el cual sabía que no pueden alcanzar en un solo año. Según algunos estudios, resulta imposible que cumplan con este criterio en 2012. Además, los “mercados” han cerrado a las comunidades el grifo de la financiación. “El mercado financiero se ha cerrado para las autonomías”, confirmó el ministro De Guindos. O, al menos, “para alguna de ellas”, añadió. De manera que las comunidades sólo cuentan con el Estado como fuente de financiación. Y es que los bancos prefieren invertir en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que cuenta con la garantía del Estado, en lugar de financiar directamente a las autonomías. De esta manera, si estas quieren dinero tienen que pedir la ayuda del Estado. Así, entre unos y otros han conseguido ahogar a las autonomías, las cuales se están viendo obligadas a recortar por todos lados y solicitar la ayuda del Gobierno. 

Ya son nueve las Comunidades Autónomas que han pedido la ayuda del fondo de liquidez creado por el Estado para hacer frente a sus necesidades económicas: Cataluña, que solicitó un rescate de 5.023 millones de euros; la Comunidad Valenciana, que reclamará próximamente otros 4.500 millones; Murcia; Castilla la Mancha; Andalucía, que afirma necesitar 4.906 millones y que ya pidió otros 1.000 como adelanto de los impuestos que se recaudan en su territorio; Canarias; Asturias; Baleares; y Cantabria. Es posible que detrás de estas comunidades vengan otras pidiendo la ayuda del Estado debido a la asfixia económica a la que están siendo sometidas. 

De esta manera, y a falta de que algunas autonomías cuantifiquen sus necesidades económicas, ya se encuentra comprometido el 82% de los 18.000 millones de euros que el Estado ha puesto a disposición de las autonomías. Madrid, Galicia y La Rioja son las únicas que afirman no necesitar el apoyo estatal. Las comunidades que accedan al fondo de liquidez deberán comprometerse a cumplir “estrictas condiciones presupuestarias”, según señala la Comisión Europea. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha anunciado que el Fondo de Liquidez Autonómico será prorrogado para el próximo año. 

En este contexto, el Gobierno ha proyectado para 2013 el presupuesto más austero de la historia de la democracia. En opinión de Juan Torres, los cálculos contemplados en el mismo se basan “en un escenario macroeconómico completamente irreal”. “Lo que hace el gobierno es recurrir a un viejo truco: se infla la proyección de crecimiento y así las cifras presupuestadas de ingresos son mayores, pudiendo presentar entonces mejores registros de saldo presupuestario”. Mientras, los intereses de la deuda consumirán 38.589,55 millones de euros, casi la cuarta parte de los gastos del Estado, con una subida del 33% respecto a las cuentas de 2012. Además, la disminución del 7,7% en los recursos de la Agencia Tributaria reduce las posibilidades de perseguir a quienes evaden impuestos y, por tanto, de recaudar más.

Por otra parte, según publica El Confidencial, el Gobierno acaba de “colar” en el presupuesto de 2012 un crédito de 60.000 millones de euros para dotar de liquidez a los bancos a través del FROB. Todo ello porque el ejecutivo sigue esperando la llegada del primer tramo del rescate bancario, del que se sigue sin saber nada a pesar de que el pacto con la Unión Europea contemplaba que el dinero comenzaría a llegar en noviembre de 2012. Además, Alemania sigue sin aceptar la recapitalización directa de la banca, de manera que el Estado seguirá cargando en sus cuentas con este rescate. Lo que sí vamos sabiendo ya es la cantidad aproximada que recibirá de Europa la banca española para sanearse: entre 40.000 y 42.500 millones de euros, de los cuales 37.000 se destinarán a recapitalizar las entidades que han sido nacionalizadas (Bankia, Novagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia) y el resto a poner en marcha en ´banco malo´ y reflotar otras entidades que no han sido nacionalizadas. 

El enorme crecimiento de la deuda pública 

El estallido de la burbuja inmobiliaria provocó un inmenso agujero financiero en los bancos, que fue posteriormente transferido al Estado en un nuevo ejercicio de conversión de deuda privada en pública, muy típico del sistema en que vivimos. Posteriormente vino el rescate a la banca, cargado sobre las espaldas del Estado, es decir, de los ciudadanos. “No se trata realmente de un rescate al sistema financiero español sino de un rescate al sistema financiero alemán y francés”, agrega en este sentido Alberto Garzón

En realidad, los famosos 100.000 millones de euros que la Unión Europea puso al alcance de España para “salvar sus bancos” era, en realidad, dinero (aprobado por el Parlamento Alemán) para salvar a los bancos alemanes (tal como han reconocido varios economistas asesores del gobierno alemán) que estaban con el agua al cuello debido a la deuda pública y privada española, ya que tenían pánico a que no les pudieran pagar”. Vicenç Navarro

Así, a costa de cubrir y avalar deudas bancarias, la deuda nacional lleva desde 2008 subiendo como la espuma. Ha influido también de manera determinante la negativa del BCE a intervenir en “los mercados” y su entrega de dinero barato para lo que los bancos especulen con nuestra deuda, haciendo subir los intereses de los préstamos que toma el Estado y obligándolo a endeudarse aún más para pagar los anteriores, en un círculo vicioso que no se detiene. Por este motivo, durante 2013, el Tesoro tendrá que vender títulos de deuda pública por valor de 207.000 millones de euros para cuadrar las cuentas y afrontar vencimientos de deuda. “Si sumamos intereses y capital reembolsados últimamente, vemos que entre 2000 y 2010, el Estado español ha reembolsado más de 3 veces lo que debía en 2000, y sigue debiendo casi el doble”, señalan Julien Yves y Jérôme Duval. 

El ataque de “los mercados ha incrementado en un 80% los intereses de la deuda pública desde 2007. Este encarecimiento de los préstamos que toma el Estado, junto con la cobertura de deudas bancarias, ha generado un enorme déficit en las cuentas públicas que superó los 350.000 millones de euros entre 2008 y 2011, y que se incrementará en otros 60.000 al final del año. Para cubrir estas pérdidas, se ha recurrido a carísimos préstamos, algunos de ellos concedidos por los mismos bancos a los que el Estado rescató. Y es que las entidades españolas poseen el 40% de la deuda pública, mientras que “Alemania tiene 200.000 millones de euros” en este tipo de inversiones, añade Vicenç Navarro. Según un estudio elaborado por el economista y parlamentario de Izquierda Unida Alberto Garzón, si España hubiese recibido préstamos a bajos intereses, la deuda pública no superaría actualmente el 14% del PIB.

De esta manera, la deuda estatal se ha duplicado en los últimos cinco años. Al inicio de la crisis rondaba el 36% del PIB, mientras que ahora supera el 80% y crecerá hasta el 90% del PIB cuando se concreten las condiciones del rescate bancario, con el que el Estado tendrá que cargar hasta 2014 como mínimo debido a que la postura de Alemania ha retrasado la recapitalización directa de la banca española. Hacía un siglo que nuestro país no alcanzaba niveles de endeudamiento similares. Esta situación provocada por la presión de “los mercados” nos obligará a pagar durante el próximo año 38.589 millones de euros sólo en intereses. “Hoy, uno de cada cuatro euros que el Estado se gasta va para pagar su deuda pública, predominantemente a los bancos. Si hubiera recibido dinero directamente del BCE no habría habido ninguna necesidad de hacer recortes”, señala Vicenç Navarro. 

En España, la deuda total alcanza los 4 billones de euros. Algunos economistas ya han advertido de que resulta imposible pagarla. Más de la mitad corresponde a empresas y familias, mientras que 1.4 billones son de los bancos y casi otro billón lo adeuda el Estado. Pero el principal problema lo constituye la deuda privada, correspondiente a las empresas y familias, que supera el 200% del PIB. Desde 2003, la mitad de la deuda contraída corresponde a 28 empresas del Ibex 35, es decir, las más grandes del país. 
El poder político y mediático está aprovechando el incremento de la deuda para transmitir la falsa idea de que este se debe al despilfarro público y a que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Para justificar este argumento, se utilizan ejemplos de proyectos que suponen un despilfarro ineficiente, como aeropuertos que apenas reciben pasajeros, o subvenciones ensombrecidas por la corrupción. Sin embargo, como se ha venido mostrando en esta serie de artículos, gran parte del aumento de la deuda se debe a la cobertura y aval de las deudas bancarias y nuestro país nunca ha gastado más de lo que le corresponde según su nivel de desarrollo, y menos aún en cuanto al gasto social, pues somos un país socialmente subdesarrollado en este sentido. 

Los verdaderos rescatados

Pero, a pesar del vertiginoso aumento de la deuda pública, seguimos debiendo menos que la mayoría de nuestros vecinos europeos. Países como Italia, Alemania, Bélgica o Francia deben más que nosotros. Según Juan Torres, el volumen de nuestra deuda pública, aún a pesar de su gran magnitud, no justifica “por sí mismo la presión de los mercados”. ¿Por qué entonces no sufren otros países la coacción de los inversores? Pues porque estos no son un ente objetivo y neutral, sino que actúan de manera arbitraria y han decidido atacarnos a nosotros

Por este motivo, ha llegado a hablarse de la posibilidad de un “rescate” al país en su conjunto por parte de la Unión Europea y el FMI. Esta medida podría ser provocada de manera artificial a causa de la presión que los mercados están ejerciendo en  nuestra contra, destaca Torres. “El ´rescate´ de España, de llevarse a cabo, sería claramente el resultado de una inducción y no de una circunstancia de insolvencia objetiva o estructural de la economía española”. “Atacar a países del sur fue la fórmula del Gobierno y bancos alemanes para recuperar las pérdidas de sus bancos ludópatas”, añaden Manuel Ballbé y Yaiza Cabedo, catedrático de Derecho y abogada, respectivamente. 

“Cuando la acumulación de deuda a la que no se puede hacer frente es muy grande, los acreedores son los primeros interesados en que se produzca el “rescate” del país pues de esa manera se aseguran su reintegro, señala Torres. “Y suelen ser ellos los que lo promueven”, agrega. Así, los verdaderamente rescatados en caso de llevarse a cabo esta medida serían los bancos españoles, franceses y alemanes principalmente. El dinero del supuesto “rescate” iría a parar a manos de estos, impacientes por cobrar cuanto antes, mientras que la nueva deuda sería cargada sobre los hombros de la población. 

Asimismo, el rescate obligaría a España a adoptar las medidas demandadas por los prestamistas, que irían encaminadas hacia la reducción del gasto social, la privatización de empresas y organismos públicos y una mayor liberalización de la actividad económica para dotar de más poder a las grandes empresas y fortunas, etc. Es decir, el mismo decálogo neoliberal que las instituciones internacionales llevan décadas aplicando por todo el mundo con pésimos resultados, sobre todo para las clases populares. “La inmensa mayoría de trabajos científicos creíbles muestran el profundo error de tales políticas”, advierte Vicenç Navarro. “En realidad, tales políticas de austeridad han sido las responsables de que se vaya cayendo más y más en esta Gran Recesión”, añade.

Además, hay que destacar que una parte de la deuda es ilegítima y, por tanto, resulta inmoral reclamar su pago a los ciudadanos que no han tenido responsabilidad en su asunción. En primer lugar, porque el Estado no tiene debería asumir deudas privadas. Además, gran parte del aumento de la deuda en los últimos años se debe a la presión artificial ejercida en Bolsa por nuestros acreedores y otros inversores para aumentar los intereses de los préstamos otorgados al Estado. Y también se debería tener en cuenta la irresponsabilidad de nuestros gobernantes en el irrefrenable endeudamiento de nuestra economía. El Vicepresidente del Consejo consultivo de Derechos Humanos de la ONU, Jean Ziegler, ha recomendado que España debería “negarse a pagar la deuda”, al considerarla “odiosa e ilegítima”.

Se reúnen varios de los factores que permiten considerar como odiosa una parte de la deuda que hoy se reclama al Estado. Esta teoría jurídica, acuñada por Estados Unidos en el siglo XIX, ha permitido a varios países librarse de deudas contraídas por sus gobernantes sin tener en cuenta el beneficio de la población. Nuestro país debería poner en marcha una auditoría que determine las deudas ilícitas para repudiar su pago. Pero ese es el camino contrario al que nuestros gobernantes han adoptado desde el inicio de la crisis. 

“Vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de Tribunal de Núremberg”. Jean Ziegler, vicepresidente de la ONU

Mientras tanto, el rescate lleva meses gestándose, y la posibilidad de que llegue a producirse dependerá de la presión que ejerzan “los mercados” y de la actitud que adopte la UE al respecto. Algunas fuentes apuntan que el rescate ya ha sido pactado, y que será anunciado cuando autorice Alemania. Incluso, las condiciones del mismo podrían estar ya acordadas. Pero el gobierno se resiste a solicitar esta ayuda financiera porque sabe que ello le obligará a realizar nuevos recortes, lo cual enfadaría aún más a la población a la vez que continuaría hundiéndonos. Quienes sí están interesados en que se haga efectivo el rescate cuanto antes, al margen de los acreedores, son los bancos y grandes empresas españolas, que presionan al ejecutivo debido a que en la situación actual tienen que financiarse a intereses muy altos.  

A la espera de una intervención salvadora por parte del BCE –mediante la compra de deuda pública-, el ejecutivo marea la perdiz e intenta convencer a los socios europeos para que no impongan nuevas condiciones en nuestra política económica. Mientras tanto, España continúa a merced de los especuladores bursátiles con la connivencia de la Unión Europea.

Sin embargo, para que se lleve a cabo un rescate al país, sería necesaria una cantidad enorme de dinero (superior a los 500.000 millones de euros) que los socios europeos no pueden reunir actualmente. Y si pudieran, sería a costa de aumentar enormemente su endeudamiento. De manera que el rescate cuenta con pocas posibilidades, ya que su puesta en marcha haría tambalearse la unión monetaria y obligaría a una intervención salvadora del BCE. Según Luc Coene, consejero de este organismo, la posibilidad de un rescate a España es cada vez “más y más pequeña”. Muchos inversores lo saben, y por eso han relajado su ataque contra la deuda pública española: la prima de riesgo lleva por debajo de los 400 puntos desde septiembre. 


A pesar de ello, “los mercados” y numerosos medios de comunicación siguen especulando con la posibilidad de un rescate inminente a España, convirtiendo a nuestra situación económica en el centro de atención de las reuniones de la Unión Europea y de las portadas de la prensa internacional. Mientras, el Gobierno realiza declaraciones contradictorias: un día da a entender que el rescate será inminente y al siguiente insinúa que no será necesario. "Hasta el momento no lo hemos considerado necesario y no lo haremos. Es posible que nos parezca oportuno hacerlo más adelante", señaló Rajoy recientemente. El presidente del Gobierno confía en que Angela Merkel puede hacer mucho para calmar a “los mercados”. No en vano, la banca alemana posee actualmente casi el 20% de nuestra deuda pública

Por su parte, la UE trata de evitar el rescate porque sabe que, tras España, tendría que rescatar a Italia, con una deuda superior. Angela Merkel tampoco quiere que España sea rescatada, ya que le obligaría a dar cuenta del gasto que supondría para Alemania y se acercan las elecciones germanas. Sin embargo, la tregua de “los mercados” podría acabar en cualquier momento y desatarse una nueva furia especuladora contra nuestra deuda pública. Cualquier suceso o rumor puede alimentar un nuevo ataque y colocarnos al borde del abismo. Así, el anuncio de la renuncia del ex primer ministro italiano, Mario Monti, hizo subir la prima de riesgo unos 20 puntos. 

Nuestra economía está totalmente manejada desde Bruselas. Sin embargo, el BCE tiene en su mano aliviar la presión de los mercados sobre nuestra deuda pública y se niega a hacerlo. A principios de septiembre, este organismo exigió a España e Italia que soliciten el rescate si quieren que este compre sus bonos, y advirtió de la “estricta condicionalidad” que acompañaría su intervención. Los socios europeos han dado un año más de margen (hasta 2014) al Gobierno para reducir el déficit del Estado al 3% del PIB. A cambio, imponen condiciones: la obligación de realizar despidos en las entidades bancarias y la no revalorización de las pensiones son fruto de la presión europea. 

También habrá que cumplir con las 32 condiciones impuestas en el rescate bancario, cuyo cumplimiento será examinado por funcionarios de la UE que nos visitarán cada tres meses.  Mientras, el Gobierno ya ha enviado a Bruselas el presupuesto para 2013 y 2014, en el que contempla un ajuste adicional de 37.000 millones de euros. Además, se da por hecho que el Gobierno no cumplirá el objetivo de déficit fijado para este año (6.3% del PIB), y la UE exigirá por ello nuevos sacrificios: en septiembre, el ministro De Guindos prometió la puesta en marcha de “un nuevo plan de reformas”. Rajoy también ha afirmado tener “muchas reformas entre manos que entrarán en vigor en los próximos meses”. Con el aval de las organizaciones internacionales, los socios de la UE están comenzando a exigir la reforma del sistema de pensiones para encaminarlo hacia su privatización, posponer la jubilación aún más allá de los 67 años, el endurecimiento de la reforma laboral y algunas privatizaciones. 

La nueva reforma laboral que los grandes poderes empresariales demandan iría encaminada a imponer el llamado “contrato único”, que conllevaría un nuevo abaratamiento de los costes laborales en nuestro país bajo la excusa de acabar con la dualidad existente entre trabajadores precarios e indefinidos. “La adopción del contrato único no implicaría más que la igualación a la baja de los derechos de los trabajadores y una generalización de la precariedad”, señalan Adoración Guamán, Sebastián Martín y Rafael Escudero. 
Además, el Gobierno ya está trabajando en su proyecto para reformar el sistema de pensiones, con el que pretende ahondar en las medidas impuestas por el Gobierno socialista (que entrarán en vigor el 1 de enero). Así lo anticipó Rajoy al destacar su intención de “abrir un debate sobre la sostenibilidad de las pensiones”. “Este es un tema vital porque suponen más del 25% del gasto total del Estado”, añadió. El principal objetivo de su reforma será retrasar la edad de jubilación efectiva, dificultando o impidiendo totalmente las prejubilaciones. Pero aún se desconoce lo lejos que querrá llegar Rajoy en este nuevo despojo a los jubilados.

¿Dónde está el dinero?

Mientras todo esto ocurre, muchas grandes empresas y personas multimillonarias han decidido poner a buen recaudo su fortuna, la cual trasladan a otros países para evitar pagar impuestos aquí. No les basta con tributar menos que en la mayoría de países - ya que España es un país muy regresivo fiscalmente, como se explicó en un artículo anterior-. Lo que quieren es no pagar nada. “De España en ocho meses de 2012 han salido 330.000 millones de euros (a los que hay que sumar su equivalente en Grecia e Italia), que van a parar a bancos de Suiza, Luxemburgo, Holanda y Alemania”, señalan Ballbé y Cabedo. Esta inmensa reducción de los depósitos obliga a las instituciones bancarias de nuestro país a solicitar enormes cantidades de dinero al BCE para capitalizarse. 

De manera que una parte de la riqueza que contenía nuestro país ha desaparecido. Nuestra economía se está descapitalizando. La amnistía fiscal que impulsó el Gobierno para que los evasores fiscales regularizaran su situación a costa de tributar un escaso 10% solamente ha logrado recaudar 1.191 millones de euros, menos de la mitad de lo esperado. Además, el Gobierno ha impedido que las Comunidades Autónomas cobren impuestos a la banca y ha librado a las empresas extranjeras del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. Pero ni siquiera estas medidas que premian las ilegalidades han conseguido frenar la sangría económica que sufre España. 

“Es de dominio público que España bate récords de manejo de dinero negro, puesto que casi las dos terceras partes de todo el efectivo en manos de los españoles está en billetes de 500 euros; precisamente los que jamás vemos circular en la economía real cotidiana”, señala Carlos Enrique Bayo. “Una sencilla ecuación, empleando los datos conocidos de Producto Interior Bruto y presión fiscal media, permite calcular que las cantidades no ingresadas por Hacienda cada año suman alrededor de 70.000 millones de euros”, añade. 

En torno al 70% de este fraude corresponde a las grandes fortunas, según estima el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). El 86% de las empresas que cotizan en el IBEX 35 tienen filiales en paraísos fiscales. “A los grandes delincuentes que han causado la crisis y que roban día a día a todos los españoles no los persigue nadie”, denuncia Juan Torres. Recientemente hemos conocido que más de 200 empresarios españoles contrataron al grupo encabezado por el ciudadano chino Gao Ping para ocultar su patrimonio al Estado y evadir impuestos. La red suministraba a sus clientes enormes cantidades de dinero en efectivo procedentes de otros países o de paraísos fiscales, y también les ayudaba a sacar su dinero de nuestro país. Todo a cambio de una comisión del 2% o el 3%. 

En este contexto, Suiza ha pedido al gobierno español que se suscriba al Acuerdo Rubik, según el cual Hacienda recibiría los impuestos defraudados por los ciudadanos españoles que poseen cuentas en el país helvético, a cambio de mantener el anonimato de estos. “La banca suiza impulsa este tipo de acuerdos para evitar una fuga de capitales si la crisis continúa invitando a los gobiernos a investigar a los defraudadores con cuentas en sus bancos. De este modo, Suiza ofrece una pequeña cantidad de dinero a cambio de silencio y tranquilidad para sus clientes”, añade El Diario

Los técnicos de Hacienda critican los escasos recursos con los que cuentan para perseguir a los grandes defraudadores. “En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total”, señala Vicenç Navarro. Además, para el próximo año, el presupuesto de investigaciones antifraude se verá reducido en un 7.7%. Según cálculos de Gestha, si la economía sumergida y el fraude fiscal (que representan en torno al 25% de la economía) fueran rebajados hasta la media europea (13%), el Estado recaudaría 38.500 millones de euros más que en la actualidad. 

Según Carlos Cruzado, presidente de Gestha, “hasta ahora lo que se ha hecho afecta a las clases medias y desfavorecidas. El IRPF está en un nivel que es difícil subirlo, el IVA afecta más a las clases más desfavorecidas, y en el de Sociedades apenas tributan los grandes patrimonios. Nosotros proponemos una serie de medidas fiscales que hagan hincapié en impuestos como el de la riqueza, el de sociedades para beneficios superiores al millón de euros, etc”. “Habría que equilibrar, en base al artículo 31 de la Constitución, lo que están pagando las pequeñas empresas con lo que pagan los grandes patrimonios. En su día Warren Buffet dijo que pagaba la mitad de impuestos que su secretaria, y eso es trasladable a España”, añade. 


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1 comentario:

  1. El IVA no es un impuesto muy justo ya que es impuesta del mismo modo y para el mismo importe a las ricas como a las poblaciones desfavorecidas. ¡ Pero para los gobiernos es el más fácil!

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