El colapso económico español (3). ¿Excesivo gasto?

Con la ayuda de los medios de comunicación, el poder político intenta justificar unos recortes que afectan a los más necesitados. Mientras, los datos demuestran que es necesario gastar más. La economía sumergida y la enorme regresividad fiscal impiden que el Estado recaude lo necesario.  

• El colapso económico español (1). De repente, somos pobres
• El colapso económico español (2). Los "recortes" tienen finalidad ideológica 
• El colapso económico español (4). El ataque de “los mercados”
• El colapso económico español (5). Sobre el rescate bancario
• El colapso económico español (6). ¿Rescatar al país?
• El colapso económico español (7). Un futuro incierto  
• El colapso económico español (y 8). Conclusiones finales

  
"Tener un superávit muy superior y una deuda pública muy inferior a la de Alemania no nos sirvió de nada. No nos protegió de la crisis. ¿Cómo puede, entonces, decirse ahora que la mayor causa de la crisis es el elevado déficit y la deuda excesiva, cuando tener déficit cero y deuda pública baja no evitó que tuviéramos la crisis que tenemos, con más de un 23% de la fuerza laboral en paro? ¿Y por qué esta explicación de la crisis continúa dándose cuando la evidencia existente, mostrando su error, es tan abrumadora?”. Vicenç Navarro

Desde que comenzó la crisis, los ingresos del Estado han caído notablemente y los gastos se han multiplicado, debido principalmente al pago de las deudas bancarias y al encarecimiento artificial de nuestra deuda pública provocado por esos mismos bancos a los que hemos salvado y otros del extranjero. Sin embargo, como se ha dicho, el poder político y mediático ha culpado al gasto público de una crisis originada por la especulación bancaria. Su intención no es otra que desviar la atención y justificar una reducción del tamaño del Estado y del gasto social que afectaría muy negativamente a la población más necesitada. 

“El problema no es el gasto. El problema es que los ingresos al Estado son muy bajos”, señala Vicenç Navarro. Es más, España es un país socialmente subdesarrollado debido a su escaso gasto social, añade. “Se está enfatizando mucho que el problema es el gasto, cuando en realidad el gasto público por habitante en sanidad y educación es el más bajo de la UE-15”, añade. Dentro de este grupo, somos el que menos dedica a gasto social a pesar de que nuestra economía es una de las más grandes del continente (la cuarta en cuanto a tamaño). 

Mientras el nivel de riqueza alcanza el 93% de la UE-15, la inversión social sólo llega al 71% de la media en este grupo de países, y nuestro gasto sanitario es el más bajo de todos. “Si en lugar del 71% nos gastáramos lo que nos corresponde por el nivel de riqueza del país, es decir el 93%, tendríamos 70.000 millones de euros más de lo que nos gastamos ahora. Éste es el déficit de gasto público social en España”, añade el profesor Navarro. “Lo que es sorprendente es el silencio mediático y político sobre la existencia de este gran déficit. Y ello se debe al enorme poder de clase del 30% de la población, de mayor renta en el país, que no sufre las enormes insuficiencias de gasto público social (al utilizar los servicios privados) y se resiste a pagar los impuestos que le corresponden”. Ya ven que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sino todo lo contrario. 

Tal y como se ha destacado, España no es un país que gaste mucho, sino que ingresa poco. Ello se debe, principalmente, a dos causas: la magnitud de la economía sumergida y la regresividad fiscal. “En ningún otro país de la UE-15 los ingresos al Estado son tan bajos como en España; sólo el 34% del PIB, comparado con el 44% en la UE-15 y el 54% en Suecia”, añade Vicenç Navarro. El 23,3% de la economía se encuentra sumergida, lo que supone una evasión de impuestos que ronda los 245.000 millones de euros anuales, según datos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). 

Por otra parte, tenemos uno de los sistemas fiscales más regresivos del mundo, es decir, que los ricos pagan menos impuestos en proporción a los pobres. “El ciudadano normal y corriente ya paga unos impuestos comparables a los que paga su homólogo en la UE-15”. Sin embargo, “el super rico de España paga solo el 20% en impuestos de lo que paga el super rico en Suecia”, señaló Vicenç Navarro en Salvados. “Si nuestra política fiscal fuese la misma que la sueca, se incorporarían al Estado 200.000 millones de euros, con los que se podría reducir el déficit y crear mucho empleo”. Concretamente, podría darse trabajo a 4.851.854 personas más en el Estado del Bienestar, añade Navarro, acabando con gran parte del paro existente en la actualidad. 

Así pues, quienes más tienen aportan muy poco en proporción al resto de la población. Y eso contando con que aportan, porque muchas personas adineradas se las ingenian para pagar muy poco o, incluso, nada. A través de instrumentos como las sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable), numerosos multimillonarios tributan un 1% por las ganancias que logran en Bolsa. Además, las principales empresas de nuestro país operan en paraísos fiscales para evadir impuestos. Muchas personas están utilizando este mismo mecanismo para sacar su dinero del país y no tributar aquí. 

Según las cifras de Gestha, el fraude fiscal ronda los 60.000 millones de euros al año, de los cuales el 72% (42.700 millones de euros) “corresponde a las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas, un porcentaje tres veces superior al correspondiente a pymes y autónomos”. Si el Estado invirtiera en investigar a los grandes evasores, no habría sido necesario ningún recorte para aliviar la crisis. Sin embargo, los gobiernos de PP y PSOE no han prestado atención a los consejos de los técnicos de Hacienda. Estos mismos alertan de la “insuficiente dotación de personal” dedicado a descubrir la evasión fiscal, de manera que en España hay “entre cuatro y cinco veces menos personal que en países de nuestro entorno”. “El 72% del fraude lo provocan las grandes empresas, pero el 80% de los trabajadores se dedican a investigar a ciudadanos medios y pequeñas empresas”, destacó Jesús Barcelona, coordinador de Gestha en Asturias. Nuestros gobernantes no tienen intención de acabar con este despropósito. 

Los técnicos de Hacienda destacan también que el Estado podría recaudar 63.300 millones de euros con medidas cuya puesta en marcha no sería muy difícil y evitarían aplicar otras más dañinas para la ciudadanía. Entre ellas, destacan la reducción de la economía sumergida en un 10%; la creación de un Impuesto sobre la Riqueza y la reordenación del Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) para perseguir a los grandes defraudadores de impuestos; y la prohibición de realizar posiciones cortas contra la deuda española. Este último es un mecanismo que permite a los especuladores de la Bolsa poner en venta títulos que no poseen, sino que los alquilan a otro inversor con la intención de revenderlos y posteriormente adquirirlos cuando su cotización haya bajado. Es decir, una de las muchas artimañas existentes en el casino financiero para forrarse de la noche a la mañana sin producir nada, y que se están usando últimamente con nuestra deuda pública para aumentar sus beneficios a la vez que dañan la economía. 

En nuestro país, el salario mínimo es de 641 euros (748 euros si añadimos a los doce meses del año las cantidades proporcionales correspondientes a las dos pagas extraordinarias). Se trata de uno de los salarios más bajos de la UE-15, mientras la mayoría de países de nuestro entorno cuentan con sueldos mucho más altos: 1202 euros al mes en Reino Unido, 1398 en Francia, 1447 en Holanda y 1801 en Luxemburgo. Algunos países cuya economía es mucho inferior a la nuestra nos superan en este sentido, como Eslovenia (763 euros) o Estonia (748). Incluso Grecia tenía un sueldo más alto que el nuestro (877 euros), hasta que Bruselas le obligó a bajarlo a 588 euros. 

Mientras tanto, en España la tasa de paro ronda el 25%, una cifra escalofriante. Ni siquiera Grecia, país dos veces rescatado por la UE, tiene una cifra tan alta. La mitad sur de España, junto con Ceuta y Melilla, tienen un desempleo superior a esta cifra. UPyD solicitó recientemente la extensión de la Renta Activa de Inserción para todos los parados que hayan agotado los subsidios, lo cual permitiría a muchas familias asegurarse un mecanismo de subsistencia. Sin embargo, el Partido Popular tumbó la iniciativa. Más de dos millones de parados se han quedado sin ningún tipo de prestación y se acercan peligrosamente a la pobreza, mientras el gobierno sólo concede la Renta Activa a los desempleados que superan los 45 años. Además, el gobierno del PP acaba de eliminar la ayuda de 400 euros para los parados sin recursos. 

Los continuos recortes practicados, junto con la subida de los impuestos y gastos a las familias están reduciendo dramáticamente el consumo de la población. Mientras, más del 20% de los españoles están en riesgo de caer en la pobreza, una cifra sólo igualada y superada por Bulgaria, Letonia y Rumanía. Además, somos el país europeo en el que más aumentó el riesgo de pobreza entre los años 2009 y 2010. También tenemos, según Unicef, la cuarta tasa de pobreza infantil de la Unión Europea, con un 17,1%, sólo por detrás de los tres países citados anteriormente. 

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